Sin lugar a dudas todos los apristas aspiramos a reivindicar la Constitución del 79 por su contenido principista, humanístico, social y progresista porque fue el fruto del esfuerzo de políticos y juristas de renombre presididos por la egregia personalidad de Víctor Raúl Haya de la Torre o porque simplemente así lo establece el artículo 306 de la Constitución. Esta aspiración se expresó en el trabajo legislativo de la CPA desde 1995 reflejado en el proyecto consensuado presentado en el anterior periodo legislativo y en la permanente construcción de una propuesta integral que además de retomar la constitución del 79 pueda implementar inmediatamente las reformas que la modernicen, sin generar incertidumbre.
Rehabilitar la Constitución de 1979 tal cual fue rubricada por Haya, sin tomar en cuenta que han pasado casi 30 años en los que el Perú y el mundo han cambiado radicalmente, es inviable. Lo responsable es optar por su perfeccionamiento, incorporando aspectos que han demostrado su importancia y necesidad como la Defensoría del Pueblo y el Referendum. Sólo así, actualizándola, perfeccionándola y modernizándola podríamos retomarla y dejar de lado el documento de 1993 concebido sin la participación de los partidos políticos más importantes del Perú, como “salida” al impase antidemocrático generado por el golpista Fujimori y aprovechado para imponer un modelo económico aplaudido desde la derecha. Ello requiere de un elevado nivel de consenso. De hecho, existe abundante documentación que demuestra un esforzado trabajo en torno a este tema, pero lamentablemente no ha sido posible lograr el consenso suficiente para aplicarlo.
Caer en el debate improvisado, infecundo, prolongado, sectario y sin concesiones, sin el mínimo intento para aceptar un contrato social para todos, -que por principio y definición implica negociación y concesión de todas las partes- sería generar incertidumbre y ello podría devenir en un estado de zozobra exponiendo a riesgos innecesarios al pueblo que necesita de un clima de estabilidad para favorecer la confianza y consecuentemente las inversiones que generan empleo, crecimiento económico y paz social. El pueblo requiere y exige la satisfacción de sus más elementales necesidades, bienestar, prosperidad, crecimiento económico más que debates políticos constitucionales cargados de retórica academicista que no arriben a conclusiones claras y soluciones concretas a los problemas del país.
Hoy ese consenso no existe, sin embargo, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados en materia constitucional. Por ello, la Comisión de Constitución del Congreso trabajó importantes modificaciones técnicas a la actual Constitución que pretendían mejorar el nivel de la representación nacional, fortalecer la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú para garantizar el más bajo nivel de inflación y mejorar las cuentas de la República, entre otras; lamentablemente su aprobación fue impedida por quienes prefieren la grita y la demagogia antes que el debate y la democracia.
Lo sucedido en el Congreso de la República durante los tres últimos días de la presente legislatura ha sido frustrante y penoso. Concurrimos al Pleno del Congreso previa citación “especial” que incluía la recomendación de suspender cualquier otra actividad para debatir y votar los temas propuestos por la Comisión de Constitución admitidos por decisión unánime de la Junta de Portavoces (presidentes de todas las bancadas políticas), y que ya habían sido debatidos previamente en la Comisión, creí que sería posible lograr los 81 votos necesarios para las modificaciones constitucionales, pero… no avanzamos ni un milímetro, ni una coma, más al contrario el país asistió a un vergonzoso espectáculo desencadenado por la actitud demagógica e irresponsable de las viudas del comunismo, hoy amantes del chavismo quienes llegaron al Pleno del Congreso para pretender imponer una agenda improvisada, en el último momento, queriendo debatir sorpresivamente sobre el retorno de la Constitución del 79. Ello, sumado a los pésimos modales democráticos y a su vocación “anti”, fiel reflejo de sus antecedentes comunistas, terminó alterando la sesión del Pleno que tuvo que suspenderse repetidamente llegando a estropear no solo la sesión sino toda la legislatura al quedar en la retina de la gente el escándalo de dos días y no el trabajo de un año.
Ahora, haciendo gala de su característica demagogia, pretenden ser los “abanderados” de la Constitución del 79, tratando de sacar la mayor ventaja de la coyuntura, usando como fetiche aquella Carta Magna que en realidad dudo que les interese o que la conozcan de verdad; una Constitución democrática y consensuada no puede ser abrazada por quienes no creen ni en la democracia ni en el consenso salvo que adolezcan de una suerte de esquizofrenia política. Lo que en la práctica han conseguido, es mantener sin variación el documento del 93 para alegría del fujimorismo.
Espero que en el próximo periodo legislativo tengamos mejores resultados y sobre todo tengamos mejor capacidad para anticiparnos a ciertas maniobras de quienes se complacen con la obstrucción y aspiran ver al país envueltos en el caos y en el fracaso. El país no necesita ni oradores de plazuela ni pendencieros, necesita políticos de verdad, estadistas que hagan praxis del legado de los padres de la patria que dieron luz a la Carta Magna del 79.
Rehabilitar la Constitución de 1979 tal cual fue rubricada por Haya, sin tomar en cuenta que han pasado casi 30 años en los que el Perú y el mundo han cambiado radicalmente, es inviable. Lo responsable es optar por su perfeccionamiento, incorporando aspectos que han demostrado su importancia y necesidad como la Defensoría del Pueblo y el Referendum. Sólo así, actualizándola, perfeccionándola y modernizándola podríamos retomarla y dejar de lado el documento de 1993 concebido sin la participación de los partidos políticos más importantes del Perú, como “salida” al impase antidemocrático generado por el golpista Fujimori y aprovechado para imponer un modelo económico aplaudido desde la derecha. Ello requiere de un elevado nivel de consenso. De hecho, existe abundante documentación que demuestra un esforzado trabajo en torno a este tema, pero lamentablemente no ha sido posible lograr el consenso suficiente para aplicarlo.
Caer en el debate improvisado, infecundo, prolongado, sectario y sin concesiones, sin el mínimo intento para aceptar un contrato social para todos, -que por principio y definición implica negociación y concesión de todas las partes- sería generar incertidumbre y ello podría devenir en un estado de zozobra exponiendo a riesgos innecesarios al pueblo que necesita de un clima de estabilidad para favorecer la confianza y consecuentemente las inversiones que generan empleo, crecimiento económico y paz social. El pueblo requiere y exige la satisfacción de sus más elementales necesidades, bienestar, prosperidad, crecimiento económico más que debates políticos constitucionales cargados de retórica academicista que no arriben a conclusiones claras y soluciones concretas a los problemas del país.
Hoy ese consenso no existe, sin embargo, tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados en materia constitucional. Por ello, la Comisión de Constitución del Congreso trabajó importantes modificaciones técnicas a la actual Constitución que pretendían mejorar el nivel de la representación nacional, fortalecer la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú para garantizar el más bajo nivel de inflación y mejorar las cuentas de la República, entre otras; lamentablemente su aprobación fue impedida por quienes prefieren la grita y la demagogia antes que el debate y la democracia.
Lo sucedido en el Congreso de la República durante los tres últimos días de la presente legislatura ha sido frustrante y penoso. Concurrimos al Pleno del Congreso previa citación “especial” que incluía la recomendación de suspender cualquier otra actividad para debatir y votar los temas propuestos por la Comisión de Constitución admitidos por decisión unánime de la Junta de Portavoces (presidentes de todas las bancadas políticas), y que ya habían sido debatidos previamente en la Comisión, creí que sería posible lograr los 81 votos necesarios para las modificaciones constitucionales, pero… no avanzamos ni un milímetro, ni una coma, más al contrario el país asistió a un vergonzoso espectáculo desencadenado por la actitud demagógica e irresponsable de las viudas del comunismo, hoy amantes del chavismo quienes llegaron al Pleno del Congreso para pretender imponer una agenda improvisada, en el último momento, queriendo debatir sorpresivamente sobre el retorno de la Constitución del 79. Ello, sumado a los pésimos modales democráticos y a su vocación “anti”, fiel reflejo de sus antecedentes comunistas, terminó alterando la sesión del Pleno que tuvo que suspenderse repetidamente llegando a estropear no solo la sesión sino toda la legislatura al quedar en la retina de la gente el escándalo de dos días y no el trabajo de un año.
Ahora, haciendo gala de su característica demagogia, pretenden ser los “abanderados” de la Constitución del 79, tratando de sacar la mayor ventaja de la coyuntura, usando como fetiche aquella Carta Magna que en realidad dudo que les interese o que la conozcan de verdad; una Constitución democrática y consensuada no puede ser abrazada por quienes no creen ni en la democracia ni en el consenso salvo que adolezcan de una suerte de esquizofrenia política. Lo que en la práctica han conseguido, es mantener sin variación el documento del 93 para alegría del fujimorismo.
Espero que en el próximo periodo legislativo tengamos mejores resultados y sobre todo tengamos mejor capacidad para anticiparnos a ciertas maniobras de quienes se complacen con la obstrucción y aspiran ver al país envueltos en el caos y en el fracaso. El país no necesita ni oradores de plazuela ni pendencieros, necesita políticos de verdad, estadistas que hagan praxis del legado de los padres de la patria que dieron luz a la Carta Magna del 79.
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