Argumentos frente a temores y prejuicios
Saber de algunas opiniones sobre el Dictamen de Ley de la Medicina Tradicional y de sus Agentes, demuestra las equivocadas conclusiones a las que se puede llegar si se parte de una revisión superficial del tema y se le agregan prejuicios y temores impregnados de particulares concepciones políticas e ideológicas. Creo que es oportuna una mayor explicación y un poco más de tiempo para entender el sentido del dictamen, ello me motiva a volver sobre los argumentos de quienes sí estamos de acuerdo con el contenido del dictamen aprobado en la Comisión de Salud.
La iniciativa de la congresista Supa devino en el dictamen elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión que presido, para lo cual se han tomado en cuenta la opinión de la OMS y las diversas opiniones de las instituciones más importantes del país y en especial la recomendación del informe 134 de la Defensoría del Pueblo, que propone establecer “un sistema de acreditación de los agentes tradicionales de salud, que garantice y los haga partícipes de las estrategias del Sector”.
La Ley (si se aprueba en el pleno) no manda ni insinúa que empíricos sean asimilados a los galenos o que los chamanes tengan status de médicos públicos. Tampoco busca reemplazar a ginecólogos por comadronas y mucho menos que ciertos procedimientos como pasar el huevo o el cuy desplacen a la medicina académica o científica en la atención en servicios hospitalarios o en la estrategia de lucha contra una pandemia de etiología viral como la Nueva Influenza tipo A H1N1. Esas son ideas que caricaturizan al dictamen pero que no figuran en el mismo.
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De la descentralización sin gradualismos ni tutelajes a la claudicación
Cuando el entonces candidato a la presidencia del Gobierno Regional del Cusco Hugo González proclamaba repetidamente y con euforia “descentralización sin gradualismos ni tutelajes” como la síntesis de su convicción descentralista y actitud política de firmeza y radicalidad nadie pudo advertir que sólo se trataba de una pose o de una frase de campaña electoral, nadie imaginó que aquel locuaz, crítico y enérgico periodista aspirante a presidente regional terminaría pidiendo ayuda a “papá gobierno” para resolver problemas que le conciernen eludiendo sus propias responsabilidades y trasladarlas al Congreso de la República, abdicando a la autoridad detentada por mandato popular, como en el caso “Quellouno – Yanatile”, problema este que por muy complicado que sea, debe afrontarse oportuna y adecuadamente y ello sólo se puede lograr con prudencia, que no es lo mismo que vacilación, y con determinación, haciendo uso de la razón y de la Ley.
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Sin lugar a dudas todos los apristas aspiramos a reivindicar la Constitución del 79 por su contenido principista, humanístico, social y progresista porque fue el fruto del esfuerzo de políticos y juristas de renombre presididos por la egregia personalidad de Víctor Raúl Haya de la Torre o porque simplemente así lo establece el artículo 306 de la Constitución. Esta aspiración se expresó en el trabajo legislativo de la CPA desde 1995 reflejado en el proyecto consensuado presentado en el anterior periodo legislativo y en la permanente construcción de una propuesta integral que además de retomar la constitución del 79 pueda implementar inmediatamente las reformas que la modernicen, sin generar incertidumbre.
Rehabilitar la Constitución de 1979 tal cual fue rubricada por Haya, sin tomar en cuenta que han pasado casi 30 años en los que el Perú y el mundo han cambiado radicalmente, es inviable. Lo responsable es optar por su perfeccionamiento, incorporando aspectos que han demostrado su importancia y necesidad como la Defensoría del Pueblo y el Referendum. Sólo así, actualizándola, perfeccionándola y modernizándola podríamos retomarla y dejar de lado el documento de 1993 concebido sin la participación de los partidos políticos más importantes del Perú, como “salida” al impase antidemocrático generado por el golpista Fujimori y aprovechado para imponer un modelo económico aplaudido desde la derecha. Ello requiere de un elevado nivel de consenso. De hecho, existe abundante documentación que demuestra un esforzado trabajo en torno a este tema, pero lamentablemente no ha sido posible lograr el consenso suficiente para aplicarlo.
Caer en el debate improvisado, infecundo, prolongado, sectario y sin concesiones, sin el mínimo intento para aceptar un contrato social para todos, -que por principio y definición implica negociación y concesión de todas las partes- sería generar incertidumbre y ello podría devenir en un estado de zozobra exponiendo a riesgos innecesarios al pueblo que necesita de un clima de estabilidad para favorecer la confianza y consecuentemente las inversiones que generan empleo, crecimiento económico y paz social. El pueblo requiere y exige la satisfacción de sus más elementales necesidades, bienestar, prosperidad, crecimiento económico más que debates políticos constitucionales cargados de retórica academicista que no arriben a conclusiones claras y soluciones concretas a los problemas del país.
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Con frecuencia he notado que al hablar de las necesidades en Salud muchas personas, inclusive autoridades, inmediatamente asocian la idea a un nuevo hospital y a más profesionales, sobre todo especialistas. Esos temas sin duda son importantes y muchas veces esenciales, sin embargo, en un país económicamente pobre como el nuestro, además de infraestructura que siempre es costosa debemos de impulsar una Reforma Sanitaria, componente de la Reforma del Estado, que ponga énfasis en estrategias más económicas y de mayor impacto, vale decir promover la salud y prevenir las enfermedades, así como organizar de mejor manera el sistema de salud en el Perú y desarrollar el Aseguramiento Universal en Salud.
El sistema de salud en el Perú es fragmentado, con diversas instituciones públicas y privadas cumpliendo actividades similares en la prestación de servicios de salud, en forma inconexa, bajo la responsabilidad de distintos sectores como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo (EsSalud), el Ministerio del Interior (Sanidad de la Policía Nacional del Perú), etc. Este modelo fragmentado es muy ineficiente en el uso de los recursos –lo que multiplica los costos- y separa a los diferentes grupos sociales en sus nichos institucionales respectivos generando la exclusión, de la atención de salud, de un importante sector de los más pobres, mientras el Estado subsidia a quien no corresponde, al que puede pagar (subsidio cruzado).
El sistema de salud en nuestro país no cuenta con Seguro Social en Salud para todos. Solamente alrededor de 20% es afiliado a EsSalud y ello depende de la condición laboral de la persona. La Ley ampara al trabajador formal. El Seguro Integral de Salud (SIS), formulado con la intención de llegar a los más pobres, financia prestaciones esenciales a menos del 25% de la población. Las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía nacional del Perú cobertura a algo más del 1% y el sector privado a menos del 1%. Sin embargo, más de la mitad de la población no tiene ningún seguro en salud.
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